“Saludamos la ratificación de la Convención por Colombia y esperamos que el Gobierno priorice su implementación para la protección y promoción de los derechos de las personas en situación de discapacidad, incluidas las víctimas de minas antipersonal. Animamos además a que se considere lo antes posible la ratificación del Protocolo Facultativo”, expresó Christian Salazar Volkmann, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos

 Esta semana, Colombia se sumó a los 99 Estados que se han comprometido a tomar acciones concretas para asegurar la igualdad de derechos y oportunidades para las personas con discapacidad, al finalizar el proceso de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 Al respecto, La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha dicho que “estos Estados han reconocido y acordado que una persona con discapacidad no es un problema que necesita tratamiento – están listos para tratar el verdadero problema, la discriminación en la sociedad. Una persona en una silla de ruedas no puede acceder a una urna de votación no por su silla de ruedas sino por las escaleras que llevan a la urna. Son las escaleras las que son discriminatorias y problemáticas. Felicito a estos 100 Estados por reconocer esta verdad”.

 Una persona de cada diez vive en situación de discapacidad, pero las necesidades de esta población no han sido atendidas de manera adecuada. El índice de mortalidad de niños y niñas en situación de discapacidad podría alcanzar el 80 por ciento en países donde el índice de mortalidad infantil ha descendido por debajo del 20 por ciento. Las personas en situación de discapacidad tienen menos oportunidades de acceder a la educación y al empleo. Solamente 45 países han adoptado leyes anti-discriminatorias y otras leyes relacionadas con los derechos de personas en situación de discapacidad.

 Con frecuencia, personas en situación de discapacidad son privadas de su derecho al voto debido a problemas de accesibilidad. Violaciones aún más graves a sus derechos ocurren en muchas partes del mundo: personas con discapacidad se han visto forzadas a tomar medicamentos contra su voluntad, son frecuentemente excluidas de las escuelas por autismo o viven encerradas en las casas por la vergüenza y el estigma de sus propias comunidades.

 Con el propósito de superar la exclusión e invisibilidad social de las personas en situación de discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue adoptada en 2006 y entró en vigor en Mayo de 2008 como el primero de los tratados internacionales del Siglo XXI. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad cuenta con un comité de monitoreo y supervisión con expertos independientes, que son, ellos y ellas, personas en situación de discapacidad.

 “La adopción de este tratado ha traído una gran esperanza a muchas personas en situación de discapacidad”, afirmó la Alta Comisionada.

 “Es una excelente noticia que ahora, 100 Estados hayan incluido estos estándares en sus sistemas jurídicos comprometiéndose con ello a mejorar la vida de las personas en situación de discapacidad”. Este es un paso importante en la aceptación universal de estos estándares, prometedor para las personas en situación de discapacidad”, puntualizó.

 La Alta Comisionada hace un llamado a los Estados que aún no han ratificado esta Convención a que lo hagan lo antes posible y urge a los Estados miembros de las Naciones Unidas a cumplir con sus obligaciones de promover, proteger y satisfacer todos los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad.

 “Como mínimo, las personas en situación de discapacidad deben disfrutar de las mismas condiciones de dignidad de cualquier otro miembro de la sociedad – nada menos”, expresó la Alta Comisionada.

 Y añadió: “los Estados y todos los actores sociales deben tomar las medidas adecuadas para asegurar que las personas en situación de discapacidad tengan acceso a la educación y a un trabajo digno, puedan acceder a la salud según sus preferencias, desplazarse sin barreras y vivir independientemente, así como contar con el apoyo necesario para que puedan ejercer su capacidad jurídica, incluida la posibilidad de adquirir propiedades.  Es posible que el cambio necesario no ocurra inmediatamente.  Pero las primeras medidas hay que empezar a tomarlas desde hoy mismo”.

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